Lo determinó la Cámara de Casación Penal. Se trata de tres agentes bonaerenses acusados, junto a otro policía y dos civiles, de apoderarse de tres kilos de cocaína en una falsa redada a un narcotraficante.
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó la detención de tres policías de Mar del Plata en el marco de una causa que investiga su vinculación con la venta de drogas y en la que también hay civiles involucrados.
La Sala IV de Casación, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, declaró inadmisible el recurso extraordinario contra la decisión que habilitó el recurso de casación interpuesto por el fiscal contra la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata que concedió las excarcelaciones.
Se trata de tres agentes bonaerenses acusados, junto a otro policía y dos civiles, de apoderarse de tres kilos de cocaína en una falsa redada a un narcotraficante.
Según el fallo, Casación sostuvo que “la participación en el caso de varios agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires merece en el caso una especial atención por parte de la Justicia, no solo por el hecho de que sean los funcionarios a cargo de la prevención los involucrados, sino porque dicha circunstancia también permite inferir que el imputado cuente con mayores elementos para intentar entorpecer” la investigación.
La causa investiga a una banda de seis personas, entre ellas cuatro policías, cuyo principal negocio ilegal detectado es el robo de droga a traficantes y su nueva comercialización, en el marco de procedimientos fraguados.
Los hechos que se investigan ocurrieron en la localidad de Sierra de los Padres, al menos entre mayo y julio de 2011.
La causa involucra al subcomisario del Comando de Patrulla Leandro Damián Arenas, el oficial principal Laureano Emanuel Pérez Rodríguez, de la comisaría de El Marquesado; el subteniente Daniel Alejandro Escurra, del Destacamento Otamendi; el sargento Abel Fernando Palomino y los civiles Gabriel Fernando Rizzo y Marcelo Cortadi, quien murió baleado por la espalda el mismo día en que se ordenaron las detenciones.
Según se desprende de la investigación, el modo de operar de la banda fue dilucidado a través de escuchas telefónicas en las que además quedó en evidencia cómo negociaban la droga sustraída en los procedimientos, se repartían el dinero y contrataban falsos testigos.
Por mayoría, la Camara Federal de Mar del Plata había hecho lugar a excarcelaciones por entender que los instrucción databa de mayo de 2011 y que el “caso no reviste la complejidad alegada por la Fiscalía, por lo que no correspondía mantener la prisión preventiva”.
Por ello fueron excarcelados en febrero pasado, después de pasar dos años arrestados, pero Casación ordenó que vuelvan a prisión. “Debe tenerse presente la complejidad de la organización criminal investigada, la cual contaría con una importante logística de funcionamiento, que se dedicaría al tráfico de estupefacientes a la vez que los utilizaría para fraguar procedimientos”, sostuvo.
Asimismo, destacó la “participación de un gran número de integrantes muchos de ellos funcionarios”, lo que “ha llevado a demostrar, al menos a esta altura de la investigación, que el imputado podría contar con medios elusivos u obstructivos de la investigación penal”.
El caso
En junio del 2014, el subcomisario de Sierra de los Padres, el oficial principal de la misma dependencia, un sargento y un subteniente fueron detenidos por el entonces jefe departamental, Darío Ibáñez, acusados por los delitos de “falsedad ideológica de documento público y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.
Si bien en un principio la Justicia Federal, a cargo de la causa, encomendó la investigación a la Prefectura Naval, el operativo de arresto se realizó en la Jefatura de la Policía de Mar del Plata.
Una vez frente a ellos, el comisario Ibáñez, en presencia de las autoridades judiciales, les notificó las respectivas imputaciones y les informó que quedaban detenidos. Inmediatamente, por determinación de la Justicia Federal, los cuatro fueron trasladados a la ciudad bonaerense de Dolores.
Los voceros explicaron que en la misma orden de arresto de los policías figuraban otros dos hombres, que no pertenecían a la fuerza, y que resultaron ser los falsos testigos que participaban de los operativos ilícitos.
Los detenidos fueron el subcomisario del Comando de Patrulla, Leandro Damián Arenas; el oficial principal Laureano Emanuel Pérez Rodríguez, de la comisaría de “El Marquesado”; el subteniente Daniel Alejandro Escurra, del Destacamento Otamendi; y el sargento Abel Fernando Palomino. Los cuatro funcionarios se desempeñaban al momento de los hechos en la Comisaría Distrital 14 de Sierra de los Padres.
La orden del juez también alcanzó a los civiles Gabriel Fernando Rizzo y Marcelo Cortadi. Este último fue baleado por la espalda durante un episodio aún no esclarecido el mismo día en que se ordenaron las detenciones y poco después murió.